Doce reclusos terroristas fueron trasladados desde la Cárcel de Alta Seguridad (CAS) al Hospital del Salvador tras una huelga de hambre de 49 días. La Corte de Apelaciones acogió un recurso de protección presentado por Gendarmería, facultándoles así dar alimento forzado a los ayunantes, ocho de los cuales pertenecen al grupo "Raúl Pellegrín" y tres al "Ejército Popular de Liberación Nacional". Sus familiares explicaron que los reos iniciaron la huelga de hambre para conseguir condiciones mínimas de encarcelamiento. Gendarmería, por su lado, señala que la CAS cumple con las normas penitenciarias establecidas por Naciones Unidas. Diario El Mercurio, 26.12.94.

A pesar de haber dejado su huelga de hambre, los presos políticos de la Cárcel de Alta Seguridad (CAS) manifestaron que no aceptan las modificaciones de los regímenes de visitas e interno ofrecidas por Gendarmería. Los familiares de los presos manifiestan su desconfianza para con los resultados del informe entregado por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados posterior a su visita a la cárcel. Diario La Nación, 12.04.1994.

Sábana con registros individuales de detenciones. Detalla nombre individual de las personas, profesión, edad, fecha y lugar de detención, organismo responsable, acción judicial, cargos, fecha liberación/encarcelamiento, y observaciones varias.

Sábana con registros individuales de detenciones y ejecuciones extrajudiciales. Detalla nombre individual de las personas, profesión, edad, fecha y lugar de detención/muerte, organismo responsable, acción judicial, cargos, fecha liberación/encarcelamiento, y observaciones varias.

En su informe preliminar, los diputados Andrés Aylwin y Jaime Naranjo, integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y su presidente Sergio Ojeda, cuestionaron las condiciones carcelarias en la Cárcel de Alta Seguridad (CAS) y plantearon una revisión de la normativa que rige esta penal donde se encuentran encarcelados unos 40 presos políticos, entre los cuales figuran los condenados por la muerte del senador Jaime Guzmán y el secuestro del ejecutivo del diario El Mercurio Cristián Edwards. El Director de Gendarmería Claudio Martínez declinó emitir declaraciones hasta no tener un documento oficial de la Comisión. Diario La Nación, 04.05.1994.

La Dirección Nacional de Gendarmería anunció que flexibilizó el régimen de visitas de la Cárcel de Alta Seguridad (CAS), régimen que había sido cuestionado tanto por los internos y sus familiares, como por organismos de derechos humanos.

 A juicio de Claudio Martínez, director de la institución, el vocero del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) Sergio Buschmann no debería estar recluido en este penal ya que su perfil no corresponde a las características de una persona de alta peligrosidad.  La decisión del Fiscal Cea de recluirlo en la CAS y la posición de Soledad Alvear, Ministra de Justicia, estarían causando un conflicto dentro de tribunales.  Diario La Nación, 07.07.1994.

Claudio Martínez, director de Gendarmería, entregó un nuevo y riguroso sistema de visitas para los internos de la Cárcel de Alta Seguridad (CAS).

 Respecto al caso del ex frentista Sergio Buschmann y la la contienda de competencia entre Gendarmería y el titula de la segunda Fiscalía Militar Sergio Cea, Martínez dijo que la situación debe ser resuelta por la Corte Suprema de Justicia.  Diario La Época, 07.07.1994.

El traslado de reos por "delitos terroristas" a una penal de máxima seguridad podría constituir una violación de derechos humanos y será elevado a la Cámara de Diputados por el Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU). Según Claudio Martínez, Director Nacional de Gendarmería, no todos los reos terroristas serán trasladados y habría que encontrar una fórmula para establecer quiénes siguen activos dentro del concepto "cárcel combatiente" y quiénes están dispuestos a salir de esta actividad.
Incluye un cuadro con la distribución de reos en distintas cárceles del país. Diario La Nación, 29.11.1993.

Sergio Buschmann, líder del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, procesado por el ingreso clandestino de armas a través de Carrizal Bajo, fue castigado con 30 días sin visitar por negarse a concurrir hasta la 2a Fiscalía Militar, cuyo titular, el fiscal Sergio Cea, fue quien dispuso su encarcelamiento en la Cárcel de Alta Seguridad (CAS). Su abogado Hugo Gutiérrez informó que la negación de su cliente fue en solidaridad con los demás presos políticos del recinto. Diario El Mercurio, 26.08.1994.

Registro y comunicación sobre el inicio de la huelga de hambre de los presos políticos (PP) procesados por el atentado a Pinochet. Exigen: reunificación de todos los PP, término de las restricciones de visita, y derecho a un juicio justo y por ende término a la Fiscalía Ad-hoc. Posteriormente se sumaron los presos y presas políticos/as de las cárceles del resto del país.